El intento de Guatemala de prohibir los derechos de las personas LGBTQIA+ refleja lo lejos que estamos de lograr la igualdad

Natalia Marsicovetere Inequality, Influencing, Rights

En marzo, el país estuvo a punto de aprobar una ley para prohibir el matrimonio igualitario y la educación sexual integral-LGBTQIA+ en las escuelas, así como para endurecer las penas por el aborto. En nuestra última entrada del blog sobre el mes del orgullo, Natalia Marsicovetere destaca la urgente necesidad de fortalecer la coalición por la justicia que logró poner freno a esta ley (English version available here)

Desfile del orgullo en la Ciudad de Guatemala (Hiroko Tanaka/Shutterstock)

Los intentos de legislar en contra de los derechos de las personas LGBTQIA+ y las mujeres en Guatemala se remontan varias décadas, incluida la tentativa de prohibir el matrimonio igualitario en 2007. No obstante, este año se produjo uno de los mayores intentos de privar a las personas LGBTQIA+ de sus derechos en la historia de Guatemala.

Se trata de la Iniciativa de Ley 5272, con la cual se intentaba:

  • Prohibir el matrimonio igualitario
  • Prohibir que en las escuelas se enseñe sobre diversidad sexual e igualdad de género
  • Permitir que la gente pueda discriminar a las personas LGBTQIA+ al ilegalizar que se las pueda procesar por ello
  • Criminalizar a las personas que promuevan o faciliten el acceso al aborto
  • Declarar la diversidad sexual como un comportamiento desviado que atenta contra la naturaleza humana

El Congreso aprobó la iniciativa el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pasando a llamarse Ley 18-2022. A su vez, se declaró el 9 de marzo como el Día por la Vida y la Familia, y el Estado se declaró “pro-vida”.

Protestas y rechazo

La aprobación de la ley desencadenó el rechazo de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó en marzo: “Esta ley no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas. Es perturbador que el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en el país, en lugar de realmente intentar resolverlos”.

Dos días después de que el Congreso aprobara la ley, el presidente Alenadro Giammatei la vetó tras las protestas lideradas por grupos de derechos de las mujeres y personas LGBTQIA+, incluidos estudiantes jóvenes, grupos indígenas y activistas trans. A estas protestas se sumó la presión internacional de grupos como Amnistía Internacional y actores como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como resultado, el Congreso acordó archivar la ley, por lo que no ha pasado a formar parte de la legislación de Guatemala.

Una advertencia para el futuro

Aunque al final se rechazara la ley, el hecho de que estuviera tan cerca de adoptarse es motivo de preocupación para todas las personas que hacemos campaña para lograr justiciar para las personas LGBTQIA+. Pone de manifiesto los prejuicios y la intolerancia que prevalecen en las estructuras de poder, el Estado y los sistemas de creencias que consiguieron que la iniciativa de ley llegara tan lejos. Además, parece que se vislumbran en el futuro más amenazas para los derechos de las personas LGBTQIA+. El Congreso está debatiendo posibles leyes, como la Iniciativa de Ley 5940[ 1] , que pretende “proteger a la niñez y la adolescencia  contra los trastornos de la identidad de género”, dirigida a las personas jóvenes trans y sus familias.

Un contexto marcado por la marginación y la discriminación

Todo esto ha sucedido en un contexto marcado por las dificultades multidimensionales que enfrentan los grupos en situación de marginación en Guatemala, como las personas LGBTQIA+. Estas personas deben hacer frente a la discriminación y la violencia por su identidad de género y su orientación sexual, que a menudo se combinan con otras desigualdades de tipo social y económico. Las personas más afectadas por estas desigualdades intereseccionales son a menudo las personas negras, indígenas y racializadas, así como las personas trans. Su acceso a la educación y a las oportunidades laborales es escaso debido a la discriminación, la falta de recursos y la exclusión en general. A menudo, son las personas más vulnerables antes las amenazas provocadas por la inseguridad. Las dificultades a las que se enfrentan implican que estos grupos sean más susceptibles a los desplazamientos forzados o la migración.

En Guatemala, la legislación estatal no protege a las personas LGBTQIA+. No existe ninguna ley sobre discriminación que abarque la identidad de género, el matrimonio igualitario, políticas de salud o protocolos que prevengan o respondan ante los crímenes de odio. No hay tampoco políticas de inclusión educativas o laborales en favor de la diversidad. Al mismo tiempo, existen grupos y organizaciones conservadoras de cabildeo que bloquean estas protecciones tan necesarias y promueven activamente leyes en su contra, como hemos visto con la Ley 5272.

Incluso los grupos políticos que no muestran activamente hostilidad contra los derechos de las personas LGBTQIA+ siguen sin mostrar la voluntad política para apoyar a los grupos LGBTQIA+. Por lo tanto, es todavía un enorme desafío salvar la brecha para garantizar los derechos de las personas LGBTQIA+ en Guatemala.

La campaña que consiguió bloquear la adopción de la Ley 5272 debería formar parte de los esfuerzos más amplios del activismo interseccional, la educación y el cabildeo de una coalición nacional e internacional por la justica que apoye a las personas LGBTQIA+ en Guatemala. Debemos exigir al funcionariado público, los grupos políticos y las personas responsables de la elaboración de leyes que comprendan las complejidades de este contexto y trabajen de manera urgente en favor de los derechos humanos para todas las personas.

Author

Natalia Marsicovetere

Natalia is a social and cultural psychologist and educator and activist for sexual and gender diversity rights in Guatemala. She is currently Oxfam Central America’s lead for Gender Justice

Sobre la autora: Natalia es psicóloga social y cultural y activista de los derechos sexuales y la diversidad de género en Guatemala. Actualmente es la responsable de Justicia de Género para América Central de Oxfam.

Esta es la ultima entrada de una serie de blogs este verano sobre los derechos de las personas LGBTQIA+ en todo el mundo que comenzaron durante la celebración del mes del orgullo. Todos los blogs se publicarán en el sitio web de Oxfam Views and Voices, dirigido a profesionales del desarrollo. Suscríbete aquí para estar al día de las nuevas publicaciones, y síguenos en Twitter y LinkedIn